La plenaria de la Cámara de Representantes aprobó en su octavo y último debate la reforma al Sistema General de Participaciones (SGP). Esta iniciativa busca incrementar progresivamente los recursos que la Nación transfiere a los departamentos y municipios, pasando del 23,8% al 39,5%. La votación final contó con 124 votos a favor y solo tres en contra.
El siguiente paso será la conciliación con el Senado, tras lo cual el proyecto pasará a sanción presidencial para convertirse en ley. Según Carlos Ardila, representante y ponente del Partido Liberal, la reforma es un acto de justicia histórica con las regiones, las cuales han enfrentado desigualdades producto del centralismo. Eduardo Verano, gobernador del Atlántico, destacó que este cambio marcará “un antes y un después”, al fortalecer la autonomía de los entes territoriales y dotarlos de recursos esenciales.
Carlos Amaya, gobernador de Boyacá, afirmó que los nuevos fondos serán claves para ejecutar programas como el PAE (Plan de Alimentación Escolar), que antes dependían del gobierno central. A pesar de los avances, algunos líderes señalaron que el porcentaje podría ser aún mayor para garantizar un desarrollo sostenido.
El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, señaló que la reforma comenzará a regir a partir del 1 de enero de 2027. Antes de su implementación, el Congreso deberá aprobar una Ley de Competencias que permitirá definir las responsabilidades específicas de las regiones en áreas como salud, educación y saneamiento básico. Cristo subrayó que este cambio no solo redistribuirá recursos, sino que fortalecerá la presencia del Estado en los territorios más vulnerables.
Además, se convocará a una mesa técnica con el apoyo de organizaciones como la OCDE y el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) para garantizar que la descentralización sea efectiva y sostenible.
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