El gobierno del presidente Gustavo Petro deberá realizar un recorte significativo del 40% en el gasto público para cumplir con la Regla Fiscal, según un informe reciente de la Dirección de Investigaciones Económicas del Banco de Bogotá. Este ajuste sería crucial para evitar un deterioro en la calificación de riesgo del país, que podría pasar de BB+ a BB, lo cual encarecería los costos de endeudamiento para el Estado y afectaría la economía en general.
El informe detalla que para este año, el déficit fiscal proyectado alcanzará el 5,6% del PIB, un aumento de 1,4 puntos porcentuales en comparación con el 2023. Este nivel de déficit requiere una fuerte reducción del gasto, superior al 30%, e idealmente acercarse al 40%, considerando que el recaudo tributario se encuentra por debajo de la meta prevista en el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP). Camilo Pérez, director de Investigaciones Económicas del Banco de Bogotá, indicó que sería un desafío sin precedentes, ya que no se ha registrado una reducción de gasto de tal magnitud en la historia reciente.
Para alcanzar estos objetivos, el gobierno cuenta con un presupuesto de $92,5 billones para los últimos cuatro meses de 2024. Sin embargo, debido al déficit de $8 billones en el recaudo hasta septiembre, el monto disponible se reduce a $80,5 billones. Esta situación exige que el gobierno tome decisiones difíciles para cumplir con los compromisos fiscales sin poner en riesgo su programa de gobierno y los proyectos económicos prioritarios para dinamizar el crecimiento del país.
Si el país no logra cumplir con la Regla Fiscal, se prevé un deterioro en la confianza de los mercados internacionales, un aumento en el riesgo país, que ya supera los 200 puntos básicos, y una posible depreciación de la moneda, según el informe. Estas consecuencias pondrían a prueba la estabilidad financiera del país y su capacidad para atraer inversión extranjera en el futuro próximo.
En paralelo, el Ministerio de Hacienda ha autorizado la emisión de $10 billones adicionales en TES para financiar el presupuesto del 2024, incrementando la emisión de deuda interna de $63,7 billones a $73,7 billones. Además, la reforma del Sistema General de Participaciones, que se debate en el Congreso, podría exigir financiamiento adicional equivalente a dos reformas tributarias, según estimaciones del Comité Autónomo de la Regla Fiscal.
