Este miércoles, el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Antioquia absolvió a Santiago Uribe Vélez, hermano del expresidente Álvaro Uribe, de los cargos de homicidio agravado y concierto para delinquir agravado. La sentencia, revelada por W Radio, argumenta que la Fiscalía no logró demostrar la participación de Uribe Vélez en la conformación del grupo paramilitar conocido como Los 12 Apóstoles, que operó en el norte de Antioquia en los años 90.
En el fallo, el juez Jaime Herrera Niño señaló que no se presentaron pruebas concluyentes para vincular a Uribe con los actos de violencia de esta organización, a la cual se le atribuyen 525 homicidios en la región. Este grupo armado ilegal, liderado supuestamente por Santiago Uribe, operaba bajo la premisa de una limpieza social y contaba, según documentos de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), con la participación de altos mandos de la Policía Nacional en Antioquia, quienes proporcionaron apoyo logístico y de inteligencia para las operaciones.
Reacción del Presidente Gustavo Petro El presidente Gustavo Petro reaccionó a la decisión judicial a través de su cuenta en X (anteriormente Twitter), donde expresó: “La impunidad no nos lleva sino a más violencia”, enfatizando la necesidad de justicia en casos de lesa humanidad. La declaración generó un intenso debate en redes sociales, con diversas figuras de la política nacional cuestionando y criticando la postura de Petro.
Críticas desde el Congreso Entre las voces más críticas destacó la representante Cathy Juvinao, quien señaló la contradicción en las decisiones del presidente Petro respecto a la justicia. Recordó la designación de Hernán Giraldo, exjefe paramilitar condenado por delitos sexuales, como “gestor de paz” en el marco de la política de paz total, lo cual, según ella, revictimizó a miles de mujeres en el país. Juvinao cuestionó la coherencia del gobierno en el manejo de la justicia en temas sensibles para las víctimas.
Por otro lado, la senadora María Fernanda Cabal cuestionó si Petro, al referirse a la impunidad, aludía a los beneficios concedidos a excombatientes de las FARC bajo la paz total, alegando que estas medidas han permitido el regreso de algunos a actividades ilícitas y han creado más conflicto en algunas regiones.
Antecedentes del grupo ‘Los 12 Apóstoles’ Los documentos de la JEP revelan que entre 1992 y 1996, Los 12 Apóstoles perpetraron cientos de homicidios en municipios del norte de Antioquia. Según un informe del Grupo de Análisis e Investigación (Grai), el grupo operaba con el apoyo de agentes de la Policía Nacional y presuntamente recibía instrucciones desde la Hacienda La Carolina, propiedad de Santiago Uribe. Allí, junto con el párroco Gonzalo Palacios, se habrían planeado las operaciones y seleccionado objetivos.
El informe indica que las actividades de este grupo contaron con vehículos y recursos de la Policía, proporcionados por comandantes locales como Pedro Manuel Benavides Rivera y Juan Carlos Meneses Quintero, quienes presuntamente facilitaron la logística para los actos de violencia en la región.
