En un hito importante para los conductores de motocicletas en Colombia, el Congreso aprobó una ley que excluye la inmovilización de motocicletas y vehículos por ciertas infracciones menores de tránsito. Esta medida fue impulsada para generar una mayor equidad entre conductores de motocicletas y de automóviles, estableciendo sanciones proporcionales y evitando el uso de grúas y parqueaderos en casos no graves. La ley, inicialmente vetada por el presidente Gustavo Petro, fue finalmente sancionada por el presidente del Senado, Efraín Cepeda, quien destacó la importancia de garantizar condiciones justas y equitativas para los motociclistas, quienes representan un sector importante en la movilidad y la economía del país.
El senador Cepeda, representante del Partido Conservador, afirmó que esta normativa “salda una deuda de equidad con los motociclistas” al eliminar la inmovilización por infracciones menores. Con esta ley, ahora solo se impondrán multas económicas, alineando las sanciones de motociclistas con las de otros conductores, una decisión que se considera crucial para fortalecer la responsabilidad vial en el país.
La legislación, respaldada por figuras como Gustavo Moreno de En Marcha y Alejandro Vega del Partido Liberal, incluye en su articulado una lista detallada de infracciones menores que ahora no implicarán la retención del vehículo. Dentro de estas están prácticas como transitar en sentido contrario, no detenerse ante una señal de “Pare” y realizar maniobras riesgosas en zonas prohibidas como bermas, túneles y puentes. La nueva ley, no obstante, mantiene la inmovilización para infracciones graves, como el uso de licencias vencidas o placas falsas.
Según el senador Vega, esta medida también responde a las necesidades de los motociclistas que usan sus vehículos como herramienta de trabajo, representando más del 92% de los casos en el país. Argumentó que la inmovilización de una moto por infracciones menores representa un impacto económico injusto y afecta directamente la productividad de sus usuarios, quienes ahora podrán evitar los costos de parqueaderos y grúas que históricamente han afectado sus ingresos.
El cambio legislativo modifica varios artículos del Código Nacional de Tránsito Terrestre (Ley 769 de 2002), y establece una multa económica fija de 30 salarios mínimos diarios vigentes para infracciones menores, lo que equivale a unos $1.300.000 en 2024. De esta manera, se reduce la carga operativa para las autoridades de tránsito, permitiendo priorizar la atención a infracciones graves y optimizar los recursos.
Para convertirse en ley, la iniciativa debe ser conciliada entre el Senado y la Cámara de Representantes y sancionada finalmente por el presidente Petro.
