La Procuraduría General de la Nación anunció la destitución e inhabilitación por 10 años del excanciller Álvaro Leyva tras hallarlo responsable de incurrir en faltas gravísimas al anular la licitación pública para la expedición de pasaportes en 2023. El proceso, que afectó la expedición de pasaportes en el país, fue anulado bajo el argumento de irregularidades en el proceso. Sin embargo, la Sala Disciplinaria Ordinaria de Juzgamiento de la Procuraduría determinó que Leyva actuó sin fundamento legal al declarar desierta la licitación pese a que existía un oferente habilitado.
El fallo señala que Leyva actuó en contra de los principios de transparencia, economía y responsabilidad al no adjudicar la licitación a la empresa Thomas Greg & Sons, que cumplía con los requisitos. “Declarar desierta una licitación por contar con un único oferente carece de fundamento en el ordenamiento jurídico colombiano”, explicó la Procuraduría. A su vez, el organismo subrayó que el excanciller tuvo oportunidades para corregir el proceso, pero optó por invalidarlo, decisión que prolongó el trámite y generó dificultades en la expedición de los documentos de viaje.
La Procuraduría estableció que el actuar de Leyva puso en riesgo los derechos de los colombianos y evidenció una falta de gestión pública responsable, elementos clave para la destitución e inhabilitación del excanciller. Esta sanción marca un hito en el actual gobierno, pues Leyva, una figura cercana y de confianza para el presidente Gustavo Petro, es el primer exfuncionario de su administración en recibir una sanción disciplinaria de tal magnitud.
Por su parte, el defensor de Leyva anunció la apelación del fallo y denunció irregularidades en el proceso disciplinario. “Esta es la primera vez que se sanciona a un Ministro de Estado por evitar adjudicar una licitación con posibles sesgos hacia un único oferente”, señaló. Agregó que la medida tomada por Leyva respondía a la intención de evitar la asignación de un contrato bajo condiciones que podrían considerarse restrictivas.
