La Procuraduría General de la Nación formuló un pliego de cargos contra Juan Felipe Harman Ortiz, exalcalde de Villavicencio, por presuntas irregularidades en el cumplimiento de una orden judicial relacionada con el predio ‘La Camelia’. Según el ente de control, Harman habría incurrido en comportamientos administrativos que vulneraron los derechos de un quejoso y provocaron un desgaste administrativo durante su gestión en el periodo 2020-2023.
El Ministerio Público sostiene que el exmandatario no cumplió con la diligencia de restablecimiento de derechos ordenada por el Juzgado Primero de Villavicencio en mayo de 2022, que ordenaba una acción inmediata sobre el predio en disputa. En lugar de proceder conforme a la orden, Harman habría gestionado recusaciones e impedimentos improcedentes y se declaró impedido para actuar en el caso, dilatando el proceso.
Según el pliego de cargos, estas acciones excedieron sus competencias y facultades, actuando en contravía de la normatividad vigente. La Procuraduría subraya que estas dilaciones injustificadas perjudicaron a las partes involucradas y al proceso judicial, representando una falta grave a los deberes administrativos y de responsabilidad del exalcalde.
El predio ‘La Camelia’, ubicado en Villavicencio, ha sido objeto de conflicto durante varios años debido a reclamos de posesión por parte de diversas familias. La administración de Harman enfrentó críticas por su manejo del caso, lo que derivó en el proceso disciplinario que ahora avanza en la Procuraduría.
De comprobarse las irregularidades, el exalcalde podría enfrentar sanciones disciplinarias que afectarían su ejercicio futuro en cargos públicos. Por ahora, la Procuraduría continuará con la investigación para determinar las responsabilidades específicas y las consecuencias legales correspondientes.
Este caso pone de relieve la importancia de la diligencia administrativa en el manejo de conflictos de propiedad y los riesgos de dilatar procedimientos judiciales por razones ajenas al interés público. La ciudadanía y las partes afectadas esperan que la investigación avance con celeridad para establecer la verdad y garantizar el respeto a los derechos de todos los involucrados.