Un grupo de exministros, empresarios y economistas ha enviado una carta al Congreso de la República manifestando su rechazo a la reforma del Sistema General de Participaciones (SGP), argumentando que, tal como está planteada, pone en riesgo la sostenibilidad fiscal de Colombia.
La iniciativa busca aumentar las transferencias regionales del 23,8% al 39,5% de los ingresos corrientes de la Nación en un periodo de 12 años. Sin embargo, el documento advierte que esta modificación podría generar un daño irreparable a las finanzas públicas, comprometiendo la capacidad del Estado para cumplir con sus funciones básicas.
La carta también menciona las alertas emitidas por entidades como el Banco de la República, Anif, Fedesarrollo y el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf), que han advertido sobre las altas probabilidades de un impago de deuda y compromisos de vigencias futuras si se implementa esta reforma. Según el Carf, se necesitarían al menos tres reformas tributarias para financiar los incrementos propuestos.
El documento recalca que la discusión del proyecto ha ignorado estos pronósticos y exhorta al Gobierno y al Congreso a detener el trámite, ya que podría derivar en una catástrofe financiera y en responsabilidades disciplinarias por incumplir funciones legales.
El proyecto, que ha superado siete debates en el Congreso, incluye como novedad una obligación de financiar dos años adicionales de preescolar y dos años de educación superior. Sin embargo, esta medida estaría sujeta a la aprobación de una Ley de Competencias, que el Ministerio de Hacienda deberá radicar en los próximos seis meses.
Mientras tanto, el debate avanza, con tensiones crecientes entre quienes consideran urgente fortalecer las transferencias a las regiones y quienes advierten sobre las graves implicaciones económicas de este ajuste estructural.
