En la noche del pasado domingo, el municipio de Barranca de Upía vivió horas de tensión cuando una multitud enfurecida atacó la estación de policía, dejando un saldo de 5 uniformados heridos, un vehículo incinerado y otro más vandalizado. Los hechos comenzaron cuando la Policía intervino para proteger a un hombre que había sido retenido y agredido por los residentes del barrio Libertad, quienes lo acusaban de abusar sexualmente de una niña de 2 años.
Tras ser trasladado a la estación policial, la creciente indignación de la comunidad derivó en una violenta manifestación con la que se buscaba liberar al detenido para aplicar lo que los manifestantes denominaban “justicia por mano propia”. La situación se prolongó durante más de dos horas, tiempo en el que la turba prendió fuego a la única camioneta policial del municipio, la cual fue completamente consumida por las llamas.
El conflicto escaló rápidamente, con el intercambio de piedras, gases lacrimógenos y granadas de aturdimiento entre manifestantes y la Policía, que finalmente fue controlado gracias a la intervención de unidades antidisturbios. Además de la camioneta incendiada, otro vehículo policial fue seriamente dañado durante los enfrentamientos.
En medio del caos, la menor afectada fue trasladada al hospital local para ser atendida de inmediato, mientras que el presunto agresor fue llevado fuera del municipio bajo custodia de las autoridades para garantizar su seguridad y facilitar el desarrollo de las investigaciones. Los residentes de Barranca de Upía afirman estar seguros de que el capturado abusó sexualmente de la pequeña.
Para la mañana de este lunes, se ha convocado a un consejo de seguridad extraordinario a las 8:00 a.m., donde las autoridades locales y de seguridad del departamento evaluarán la situación y tomarán medidas para evitar futuros desórdenes. La comunidad, aún consternada por lo sucedido, reclama acciones rápidas por parte de la justicia, mientras que se espera que se refuerce la seguridad en la zona ante la posibilidad de nuevos disturbios.
El caso pone de relieve una situación crítica en la región, donde la falta de confianza en el sistema judicial genera este tipo de manifestaciones violentas. Las autoridades locales deberán actuar con celeridad para restaurar el orden y asegurar la paz en un municipio donde la justicia popular parece ganar terreno.