La Procuraduría General de la Nación acusa a estos ex funcionarios de haber favorecido a una empresa sin la experiencia requerida para llevar a cabo esta tarea, lo que podría constituir una falta grave contra la moralidad pública.
La Entidad vinculó al expediente a los expresidentes del Concejo de Puerto Lleras, Yamit Quintero Cañadulce; de Restrepo, Adriana Paola Peña Guevara; de Uribe, Milton Harbey Mendoza Uribe; de Lejanías, Julián Díaz Amézquita; y de La Macarena, Oscar Yecid Chacón Piratoa, en el Meta; y de Gachantivá, en Boyacá, Querubín Rodrigo Pinilla Reyes.
Según la investigación, los exfuncionarios habrían pasado por alto el requisito de contratar a universidades o instituciones especializadas para realizar este tipo de procesos, optando por una empresa que no cumplía con los estándares establecidos.
Esta decisión podría haber afectado la transparencia y objetividad del concurso para elegir a los personeros municipales.
La Procuraduría ha calificado provisionalmente esta falta como grave y ha iniciado los respectivos procesos disciplinarios para determinar las responsabilidades de cada uno de los involucrados.