En las últimas semanas, ha causado revuelo en redes sociales la actualización del listado de oficios y ocupaciones que las empresas deben tener en cuenta al contratar aprendices del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). Este listado incluye algunas ocupaciones sorprendentes, como gigoló, quiromántico (lector de palmas de la mano), numerólogo y acompañante en actos sociales.
Según la norma vigente, las empresas están obligadas a vincular aprendices en relación con su número de empleados, cumpliendo con una cuota de aprendizaje que responde a las necesidades formativas del país. Sin embargo, la ampliación del listado ha despertado preocupación en diversos sectores empresariales, ya que se teme que este cambio pueda aumentar los costos de nómina, afectando significativamente a las compañías.
De hecho, entre las nuevas ocupaciones reconocidas por el SENA también figuran trabajos como hipnotizador, vidente, azafata de club nocturno y hasta domadores de fieras. Aunque muchos consideran que estas adiciones son llamativas, la implicación financiera es lo que más inquieta a los gremios empresariales. Según un informe de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), hasta un 47 % de los empresarios prevé que la nueva regulación podría llevarlos a cerrar sus negocios.
Un estudio mencionado por Noticias RCN indica que las empresas estarían obligadas a ampliar entre un 550 % y 670 % el número de aprendices, lo que dispararía los costos de contratación. Sectores como el transporte, la confección y la logística se ven particularmente amenazados por esta actualización, motivo por el cual la norma fue demandada ante el Consejo de Estado en un intento de frenar su aplicación.
Las empresas están obligadas a contratar aprendices en ocupaciones que requieren formación académica o técnica, y deben estar relacionadas con la estructura y el campo de actividades de la compañía. Sin embargo, la inclusión de estas ocupaciones poco convencionales ha generado preocupaciones sobre la pertinencia y viabilidad de estas formaciones dentro del mercado laboral colombiano.
La resolución de este conflicto dependerá de la decisión judicial y de los posibles ajustes que se hagan a la norma en un futuro cercano, lo que podría transformar el panorama empresarial de Colombia.