La Jurisdicción Especial para la Paz responsabiliza judicialmente a antiguos comandantes de las extintas FARC por graves crímenes de guerra y de lesa humanidad. El Meta aparece entre los departamentos donde operaron estructuras señaladas dentro de la investigación.
La Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, imputó a 27 excomandantes de las extintas FARC por crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos en diferentes regiones de Colombia.
La decisión tiene un componente particularmente sensible: por primera vez, la imputación conjunta de los casos 10 y 11 incorpora de manera directa hechos de violencia basada en género, violencia sexual, violencia reproductiva y crímenes cometidos por prejuicio.
La investigación señala a integrantes del Secretariado y a antiguos comandantes con mando y control sobre estructuras de los bloques Oriental y Sur de las FARC.
Según la JEP, los hechos investigados ocurrieron en 15 departamentos: Arauca, Casanare, Cundinamarca, Meta, Guaviare, Vichada, Vaupés, Guainía, Caquetá, Putumayo, Nariño, Cauca, Huila, Boyacá y Amazonas.
EL CASO 11 Y LA VIOLENCIA CONTRA MUJERES Y NIÑAS
El Caso 11 de la JEP investiga la violencia basada en género, incluyendo violencia sexual y reproductiva, además de crímenes cometidos por prejuicio durante el conflicto armado.
La JEP ya había acreditado a más de 630 víctimas dentro de este caso y había llamado a versiones a 62 comparecientes de las antiguas FARC y de la Fuerza Pública.
Ahora, la investigación avanza hacia la determinación de responsabilidades de antiguos mandos de las FARC por hechos que incluyen violencia sexual y otras formas de violencia basada en género.
Entre las víctimas aparecen mujeres y niñas que, de acuerdo con la investigación, fueron sometidas a diferentes formas de violencia en el contexto del conflicto armado.
La JEP ha señalado que estos crímenes fueron históricamente invisibilizados y que una de las dificultades para investigarlos fue el temor de las víctimas a denunciar y el aislamiento de muchos de los territorios donde ocurrieron los hechos.
EL META APARECE ENTRE LOS TERRITORIOS INVESTIGADOS
El departamento del Meta tiene especial relevancia dentro de esta investigación debido a la presencia histórica del Bloque Oriental de las FARC.
Documentos de la JEP han establecido que esta estructura tuvo presencia en diferentes zonas del Meta, además de otros departamentos de la Orinoquía y la Amazonía.
En expedientes de la jurisdicción también aparecen referencias a hechos de violencia sexual y violencia basada en género atribuidos a estructuras de las FARC que operaron en el departamento.
La investigación ha documentado, entre otros hechos, afectaciones contra mujeres y personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas en zonas de influencia de diferentes frentes de las FARC en el Meta.
Por eso, la decisión de la JEP podría tener especial importancia para las víctimas del conflicto en el departamento, especialmente aquellas cuyos casos permanecieron durante años sin una respuesta judicial.
¿QUÉ OCURRIRÁ CON LOS 27 EXCOMANDANTES?
Los comparecientes deberán decidir si reconocen los hechos y responsabilidades que les atribuye la JEP.
Si reconocen responsabilidad, deberán participar en las etapas previstas por la justicia transicional restaurativa y asumir compromisos frente a las víctimas.
En los casos en que los comparecientes no reconozcan los hechos, el proceso podrá avanzar hacia la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP.
De ser encontrados responsables después de un proceso adversarial, podrían enfrentar penas de hasta 20 años de prisión.
RAMELLI: “NUNCA SE HA INVESTIGADO TANTO A LAS FARC”
El presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, defendió el avance de las investigaciones y destacó que la jurisdicción ha profundizado en la responsabilidad de antiguos integrantes de las FARC.
Según Ramelli, con esta nueva decisión ya son 109 exintegrantes de las antiguas FARC identificados como máximos responsables dentro de las investigaciones adelantadas por la JEP.
La decisión representa un nuevo capítulo en la investigación de los crímenes cometidos durante el conflicto armado y pone nuevamente en el centro a las víctimas de hechos de violencia sexual y basada en género.
En el caso del Meta, la pregunta que queda abierta es cuántas víctimas y hechos ocurridos en el departamento podrían avanzar ahora hacia una determinación judicial de responsabilidades.
