Manifestación en Bogotá durante el paro nacional, el 27 de noviembre de 2019. Fotografía de archivo ilustrativa; no corresponde al debate en el Congreso ni muestra personas encapuchadas. Foto: Dacamon20 vía Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0. Redimensionada y convertida a WebP; esta versión se comparte bajo la misma licencia CC BY-SA 4.0.
La Comisión Primera de la Cámara de Representantes aprobó este miércoles 4 de noviembre, en primer debate, el proyecto conocido como ley anticapuchos, que busca crear un delito para quienes cometan actos vandálicos con el rostro cubierto durante manifestaciones públicas. La iniciativa pasa ahora a la plenaria de la Cámara, según El Espectador.
Antes de discutir el articulado, la comisión votó una proposición de archivo impulsada por el Pacto Histórico y el Partido Verde, que obtuvo 15 votos por el sí y 21 por el no, informó Infobae. Después aprobó la ponencia positiva del representante Jaime Arizabaleta, del Centro Democrático, por 21 votos contra 4, y el título y la pregunta por 20 votos contra 2, de acuerdo con El Espectador.
El proyecto fue radicado el 1 de septiembre por los representantes Jaime Arizabaleta, Miguel Ángel Pinto y Daniel Briceño, del Centro Democrático; Julio César Triana, de Cambio Radical, y Guillermo Alvira, del Partido Conservador, según la oficina de prensa de la Cámara. A la iniciativa se sumaron congresistas de Valle, Huila, Antioquia y Bogotá. Según las fichas oficiales de la Cámara, se tramita como proyecto 309 de 2026 y reemplaza una versión anterior, la 023 de 2026, radicada el 20 de julio y retirada el 1 de septiembre.
Qué castiga el proyecto
El texto, de cuatro artículos, adiciona al Código Penal (Ley 599 de 2000) el delito de “acto vandálico mediante el ocultamiento de identidad”. Quien lo cometa enfrentaría penas de 54 a 96 meses de prisión y multas de 50 a 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes, reseñó El Espectador.
El proyecto define el ocultamiento como el uso deliberado de prendas, máscaras, pasamontañas u otros medios destinados a impedir o dificultar la identificación de una persona al cometer un acto vandálico. Según El Tiempo, para imputar el delito deben concurrir tres elementos: una manifestación pública, un acto violento o destructivo cometido de forma voluntaria y el cubrimiento del rostro para facilitarlo o evitar la identificación. El anonimato, por sí solo, no se castiga.
El articulado incluye agravantes cuando se usen explosivos o sustancias corrosivas, o cuando los daños afecten colegios, centros de salud, organismos de socorro, bienes culturales o servicios esenciales, informó Infobae. El texto también modifica el artículo 353A del Código Penal, sobre obstrucción de vías, para aplicar las mismas penas cuando el bloqueo afecte la vida, la salud pública, la seguridad alimentaria, el medio ambiente o el derecho al trabajo.
Un debate sobre la protesta
“Quien defiende una causa justa no necesita una capucha”, dijo Arizabaleta, citado por Infobae. Triana afirmó que el proyecto “no busca criminalizar la protesta pacífica ni se prohíbe el uso de la capucha”, y José Gregorio Orjuela, del Centro Democrático, sostuvo que las capuchas en las protestas se usan “para cometer delitos”, según El Espectador.
Desde la oposición, la representante Laura Beltrán, del Pacto Histórico, aseguró: “Ustedes no quieren castigar el vandalismo, lo que quieren es criminalizar la protesta social”. Óscar Benavides, representante de las comunidades negras, anunció que no apoyará una ley que, a su juicio, “criminaliza el ejercicio de los derechos”, y Gabriel Becerra pidió que la discusión abordara también las garantías para quienes se movilizan.
Durante la discusión, Pinto recordó el antecedente de los “jueces sin rostro” para señalar que ocultar la identidad no constituye por sí mismo un acto violento, y que el problema surge cuando coinciden la capucha y la violencia, reseñó El Nuevo Siglo.
La ficha oficial del proyecto en la página de la Cámara aún lo registra en trámite en comisión. No se ha anunciado la fecha del debate en plenaria; después de ese paso, la iniciativa deberá continuar su trámite en el Senado antes de convertirse en ley.
