Santiago Peña, en una imagen de archivo. Foto de archivo: AFP / Eitan Abramovich, publicada por El Espectador.
Santiago Peña dejó de ser presidente de Paraguay por destitución, no por renuncia. El Senado lo declaró culpable de «mal desempeño de funciones» el viernes 6 de noviembre en el juicio político por la caída de Ueno Bank, y un día después el juez Humberto Otazú le dictó prisión preventiva en la causa penal que abrió la Fiscalía. En su lugar juró el hasta entonces vicepresidente, Pedro Alliana, quien completará el periodo hasta 2028.
Peña presentó su renuncia el jueves, pero el Congreso nunca la aceptó: la sesión conjunta que debía resolverla se quedó sin quórum y la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad, 78 votos contra cero, la acusación que llevó el caso al Senado.
Un juicio sin el acusado
El viernes, según Última Hora, los senadores rechazaron por 39 votos contra 3 la prórroga de 72 horas que Peña había pedido para preparar su defensa. Peña no se presentó; lo representaron los abogados Ricardo Preda y Adolfo Ferreiro, quienes sostuvieron que el libelo acusatorio no tenía pruebas que lo vincularan con las operaciones de Ueno y advirtieron que podrían pedir la nulidad del proceso y acudir a instancias internacionales, de acuerdo con el mismo diario.
La condena se aprobó con 44 votos, la totalidad de los senadores presentes, según Hoy; se necesitaban 30 de los 45 escaños. Antes de la votación, Peña publicó en sus redes un mensaje en el que se despedía «con gratitud» y decía que había renunciado «para evitar más daño al país».
Detención, imputación y prisión preventiva
Esa misma noche, fiscales de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción ordenaron su detención y la del expresidente del Banco Central del Paraguay (BCP) Carlos Carvallo. Peña quedó detenido en su vivienda y, por la presencia de manifestantes, fue trasladado al Regimiento Escolta Presidencial, informó El Espectador con base en la agencia EFE. Carvallo se presentó ante las autoridades y también fue arrestado.
El sábado, tras su declaración indagatoria, la fiscal Nancy Salomón anunció la imputación de Peña por lesión de confianza y administración en provecho propio, según El Espectador. Hoy precisa que la Fiscalía le atribuye el primer delito como instigador y el segundo como autor, en la causa 92/2026. De acuerdo con Última Hora, el acta sostiene que, como presidente, Peña habría intervenido en la colocación de fondos de IPS, Itaipú, Yacyretá, ANDE y varias cajas de jubilación en Ueno, y cifra un perjuicio preliminar de 3,6 billones de guaraníes y 233,4 millones de dólares.
En la audiencia de medidas, en la que Peña se abstuvo de declarar, Otazú decretó la prisión preventiva para «tener la garantía de su permanencia en el país», según ABC Color. La cumplirá en el Regimiento Escolta Presidencial, por la información sensible que manejó como jefe de Estado. La imputación es el inicio de la etapa de investigación y no equivale a una condena penal; Peña conserva la presunción de inocencia.
Los primeros pasos de Alliana
Alliana juró el viernes ante el Congreso, según la información oficial de el Senado paraguayo, que en la misma jornada eligió por unanimidad al senador Antonio Barrios como vicepresidente. En su discurso prometió «acciones inmediatas para resarcir a los ahorristas» y dijo que no quería «a ningún tibio en esta misión».
El sábado firmó su primer decreto, con el que nombró a Ariel Martínez como ministro del Interior, y designó a Rolando de Barros como jefe del Gabinete Civil. Estados Unidos, por medio del secretario adjunto Juan Pablo Segura, dijo que espera trabajar con su gobierno.
La crisis estalló con el cierre de Ueno Bank por problemas de solvencia, una entidad con cerca de 2,94 millones de clientes, entre ellos instituciones estatales cuyos fondos quedaron congelados, según EFE. Peña fue accionista de Ueno Holding, del Grupo Vázquez, hasta marzo de 2025. La Fiscalía ha imputado a 27 personas en el caso, según EFE.
