El recinto del Congreso, vacío, antes de la instalación del periodo 2026-2030. Fotografía de archivo. Foto: Gustavo Torrijos / El Espectador.
El senador Rafael Nieto Loaiza, del Centro Democrático, presentó una ponencia de archivo contra el proyecto de ley 249 de 2026 Senado, una iniciativa de su propio partido que le daría al presidente Abelardo de la Espriella facultades extraordinarias por seis meses para reorganizar la administración pública nacional. El informe, para primer debate, quedó publicado en la Gaceta del Congreso 1711, del martes 3 de noviembre, y fue reseñado este jueves por El Espectador.
El proyecto fue radicado el 16 de septiembre, según el registro de Congreso Visible, y tiene como autores principales a los senadores uribistas Julia Correa y Juan Fernando Caicedo. Su trámite corresponde a la Comisión Primera del Senado, donde Nieto figura como ponente. Al cierre de esta nota no se había localizado un anuncio de la fecha en que la comisión discutirá la propuesta de archivo.
Qué permitía la iniciativa
De acuerdo con El Espectador, el texto habilitaba al jefe de Estado para fusionar y suprimir entidades públicas con el argumento de reducir el gasto, cambiar su naturaleza jurídica, sus objetivos, funciones y estructura orgánica, y trasladar funciones de una entidad a otra sin crear competencias nuevas. El articulado describe la habilitación como un mecanismo para corregir «lo que tres décadas de crecimiento institucional por acumulación dejaron en desorden».
Al presentarlo, Correa dijo, según El Colombiano, que la iniciativa permitiría «eliminar, modificar o fusionar ministerios y las entidades que dependen de ellos». Caicedo fijó como meta un ahorro de «mínimo 2 % del PIB», que ese diario calculó en unos 42 billones de pesos. Los dos senadores también han propuesto reducir hasta en 50 % las Unidades de Trabajo Legislativo, de acuerdo con El Espectador.
Los argumentos de la ponencia
El punto central del informe es constitucional. Según El Espectador, Nieto sostiene que es «constitucionalmente inviable que el Congreso otorgue facultades extraordinarias sin que el Gobierno Nacional las solicite expresamente y sin ambigüedades». El numeral 10 del artículo 150 de la Constitución establece que esas facultades, por un máximo de seis meses, deben ser pedidas expresamente por el Gobierno y aprobadas por mayoría absoluta en ambas cámaras.
Esa objeción ya había sido planteada cuando se radicó el proyecto. Blu Radio informó entonces que los autores condicionaban la iniciativa a que el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, presentara durante el trámite una solicitud escrita de las facultades.
El segundo argumento es de duplicidad. El senador recuerda que el Gobierno sí pidió facultades similares en proyectos propios, en especial en el de ajuste fiscal. «Tramitar ambos proyectos llevaría además al Congreso a estudiar dos habilitaciones sobre la misma materia y en el mismo término», señala el documento, citado por El Espectador.
El ajuste fiscal, en el centro
El proyecto de ajuste fiscal, presentado el 29 de octubre por el vicepresidente José Manuel Restrepo y el ministro Gómez, incluye en su artículo 7 facultades por seis meses para suprimir, fusionar, escindir e incluso crear ministerios, superintendencias, agencias y otras entidades del orden nacional, según El Espectador. El mismo texto excluye de esas facultades la expedición de códigos, leyes estatutarias u orgánicas y la creación de impuestos. El Tiempo ha informado que el Gobierno se propone pasar de 18 a 13 ministerios.
La ponencia se conoció públicamente el mismo día en que la bancada del Centro Democrático tenía prevista una reunión al mediodía con el expresidente Álvaro Uribe para definir qué partes del ajuste fiscal apoyará y cuáles no, según El Espectador y La Silla Vacía. Al cierre de esta nota no se conocía una posición oficial del partido ni una respuesta de los autores o del Gobierno a la propuesta de archivo.
