Delegados del Gobierno y el presidente del Senado, Honorio Henríquez, en la mesa principal del encuentro sobre la ley de ajuste fiscal en Barranquilla, el sábado 7 de noviembre. Foto: Presidencia del Senado, publicada por El Espectador.
El Gobierno de Abelardo de la Espriella y los congresistas de las comisiones económicas del Congreso acordaron instalar esta semana mesas técnicas para revisar, punto por punto, la ley de ajuste fiscal, la principal apuesta del Ejecutivo en el último tramo de la legislatura. El compromiso salió del primer encuentro formal entre las partes, celebrado el sábado 7 de noviembre en Barranquilla, que terminó sin acuerdos de fondo y con los partidos fijando sus líneas rojas.
La cita fue en la Casa Libertad y Orden, sede alterna de la Presidencia, con integrantes de las comisiones terceras y cuartas de Senado y Cámara. El presidente no asistió. La delegación oficial estuvo encabezada por el vicepresidente José Manuel Restrepo y la integraron, entre otros, los ministros de Hacienda, Miguel Gómez Martínez; del Interior, Alejandro Ordóñez; de Justicia, Iván Cancino, y de Comercio, Mauricio Gómez Amín, según El Espectador y El Tiempo.
Un proyecto de 70 billones que divide a la coalición
El proyecto, radicado por el Gobierno, busca un ajuste de unos 70 billones de pesos; de acuerdo con La Silla Vacía, el 70 % provendría de recortes del gasto y el 30 % de impuestos y cambios en la seguridad social. Ese componente tributario es el que concentra las objeciones: la iniciativa propone modificar o eliminar beneficios para llevar del 5 % al 19 % el IVA de productos como granos, café, frutas, verduras y gasolina, y de servicios digitales, suscripciones y medicina prepagada.
«Hemos quedado en el compromiso de instalar unas mesas de trabajo. El Gobierno está dispuesto a conciliar, sabe que la reforma que radicaron no es el mismo texto que saldrá del Congreso», dijo el senador Gustavo Moreno, de En Marcha, al salir del encuentro. El ministro Gómez Amín afirmó que el Ejecutivo quiere «escuchar las contrapropuestas de los partidos políticos para llegar al mejor texto posible».
El ambiente, sin embargo, no fue de avance. Según El Espectador, varios asistentes señalaron que en la cita solo se expusieron preocupaciones y contrapropuestas, sin pasos concretos hacia un texto conciliado, y que hay expectativa por el papel que asuma Ordóñez como interlocutor del Gobierno en el Capitolio. El representante Yamit Noé Hurtado, de Alianza Verde, habló en cambio de «un ambiente de conciliación», según El Tiempo.
La alternativa del Centro Democrático
El Centro Democrático, la bancada más numerosa de la coalición, llevó una propuesta propia por medio del presidente del Senado, Honorio Henríquez. Plantea no gravar la canasta familiar, pasar de 18 a seis ministerios, reestructurar o eliminar 48 entidades y evitar impuestos a internet, café, medicina prepagada, maquinaria agrícola y fertilizantes. Semana calcula en 5,9 billones de pesos al año el ahorro de la fusión de carteras.
El documento también contempla vender participaciones adicionales del Estado en Ecopetrol, ISA y otras empresas, e incentivos para que los deudores de la DIAN y la UGPP se pongan al día. Antes de la reunión, el expresidente Álvaro Uribe anticipó, según Portafolio, otros puntos: bajar del 20 % al 10 % el impuesto a los dividendos y eliminar el impuesto al patrimonio y el 4 por mil.
El Pacto Histórico, fuera de la mesa
Los congresistas del Pacto Histórico que integran las comisiones económicas, como Andrea Vargas y María del Mar Pizarro, no fueron invitados. «Me parece un error de gobierno», dijo el senador Alejandro Ocampo, de la Comisión Tercera, según recogió El Espectador. La senadora Carolina Corchó sostuvo que «el esfuerzo fiscal debe provenir de los más altos patrimonios y no del bolsillo del trabajador» y anunció que su bancada no respaldará la venta de patrimonio público.
El texto todavía no ha sido votado en primer debate. Al Congreso le queda cerca de mes y medio antes del receso legislativo de diciembre, y en esa agenda también figuran la ley antimermelada y la ley antitrámites.
