El reciente anuncio del Gobierno colombiano sobre el incremento de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) en un 5,36% para 2025 ha generado un aluvión de críticas, no solo desde los gremios de la salud, sino también desde sectores académicos, sociales y políticos. Mientras el Ministerio de Salud y Protección Social defiende la “rigurosidad técnica” de sus cálculos, los análisis más detallados muestran una brecha alarmante entre el incremento anunciado y las necesidades reales del sistema de salud colombiano. Esta decisión plantea serios riesgos para la sostenibilidad financiera de las EPS, los hospitales públicos y, en última instancia, para los pacientes, quienes son los más afectados por cualquier debilitamiento en la prestación de servicios.
La UPC es el monto per cápita que el Estado paga a las Entidades Promotoras de Salud (EPS) para garantizar la prestación de los servicios incluidos en el Plan de Beneficios en Salud (PBS) Este monto se calcula anualmente con base en factores como la inflación en salud, los costos de los medicamentos, el crecimiento de la población afiliada, los avances tecnológicos y la incorporación de nuevos tratamientos y procedimientos al PBS (Restrepo & Mejía, 2007).
En teoría, la UPC debe ser suficiente para cubrir todas estas variables y garantizar un sistema de salud sostenible y equitativo. Sin embargo, en la práctica, ha sido uno de los temas más controvertidos en la agenda de salud del país. Este debate no es menor: la UPC es la columna vertebral del sistema de salud, y cualquier cálculo erróneo puede desestabilizarlo de manera crítica (Granger et al., 2023).
Aunque el Ministerio de Salud presentó el aumento del 5,36% como una cifra “responsable y sostenible” (Ministerio de Salud y Protección Social, 2024b), diversos análisis revelan que este porcentaje no se alinea con el crecimiento de los costos operativos del sistema ni con el impacto económico de las recientes reformas laborales y sociales. El aumento del salario mínimo para 2024, fijado en 9,54%, ya había encendido alarmas en el sector salud, pues implica un incremento en los costos laborales para hospitales, clínicas y demás actores del sistema.
Además, según cifras de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (ACEMI), el déficit acumulado del sistema de salud para 2024 podría superar los $9 billones. Este panorama financiero refleja un desbalance estructural que el modesto aumento de la UPC no puede compensar. En palabras de Ana Maria Vesga, presidenta de ACEMI, “el sistema de salud está en cuidados intensivos, y este incremento es como tratar una fractura grave con una curita” (Diario La República, 2024).
Otro aspecto preocupante es que el aumento anunciado no contempla la inflación médica, que históricamente ha superado la inflación general del país. Los medicamentos, insumos médicos, tecnología y tratamientos especializados han experimentado aumentos de precio que están muy por encima del 5,36%. De hecho, según el índice de precios al productor (IPP) en el sector farmacéutico, y al análisis propio con base a (Ministerio de Salud y Protección Social, 2024a), los costos de los medicamentos han crecido a tasas superiores al 8% anual en los últimos años. Esto significa que, en términos reales, el poder adquisitivo de la UPC disminuirá en lugar de aumentar.
Uno de los compromisos más importantes que Gustavo Petro hizo en campaña, fue el de cerrar la brecha histórica entre la UPC del régimen contributivo y el subsidiado. En teoría, ambos regímenes deberían garantizar el mismo nivel de servicios y cobertura, pero en la práctica y desde que asumió el poder el 7 de agosto de 2022, los afiliados al régimen subsidiado reciben menos recursos per cápita. Esta desigualdad perpetúa un sistema de salud que, lejos de ser universal, sigue segmentado y desigual.
Para 2025, la UPC del régimen subsidiado seguirá siendo inferior a la del régimen contributivo, perpetuando una inequidad que afecta principalmente a las poblaciones más vulnerables: campesinos, comunidades afrodescendientes e indígenas, y habitantes de zonas rurales. Esta brecha no solo contradice los principios de equidad y justicia social que el sistema de salud colombiano debería defender y que se encuentra establecido en el marco constitucional, sino que también genera un círculo vicioso de insuficiencia financiera y deficiencias en la calidad de los servicios.
Los hospitales públicos, especialmente aquellos que operan en regiones apartadas o con altos índices de pobreza, serán los más afectados por el insuficiente aumento de la UPC. Estas instituciones ya enfrentan enormes desafíos financieros, como retrasos en los pagos por parte de las EPS, falta de infraestructura adecuada y una creciente demanda de servicios. Según datos de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC), cerca del 60% de los hospitales públicos reportan problemas de liquidez, y muchos de ellos dependen de recursos extraordinarios para evitar su cierre (La FM Radio., 2025).
El aumento del 5,36% no solo es insuficiente para cubrir los costos operativos actuales, sino que también pone en riesgo la sostenibilidad de programas clave, como la atención a enfermedades crónicas, los servicios de urgencias y las campañas de salud pública. Además, la implementación de la Ley de Seguridad Social en Salud (Ley 100 de 1993) ha transferido una parte significativa de la carga financiera a los hospitales públicos, que ahora enfrentan un panorama aún más incierto.
Otro aspecto crítico es la falta de transparencia en el cálculo de la UPC. El Ministerio de Salud ha argumentado que el aumento del 5,36% se basó en criterios técnicos y en un análisis exhaustivo de las variables que afectan al sistema de salud. Sin embargo, este análisis no ha sido publicado en su totalidad, lo que ha generado dudas sobre la metodología utilizada.
Adicionalmente, la delegación de la responsabilidad técnica en la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) es otro motivo de preocupación. Aunque la ADRES juega un papel clave en la gestión financiera del sistema, no cuenta con la experiencia técnica suficiente para liderar procesos tan complejos como el cálculo de la UPC. Esto refuerza la percepción de que las decisiones sobre la UPC están más influenciadas por consideraciones políticas y fiscales que por un análisis técnico riguroso.
En última instancia, los mayores perjudicados por el insuficiente aumento de la UPC serán los pacientes. La falta de recursos adecuados se traducirá en demoras en la atención, menor disponibilidad de medicamentos, reducción en la calidad de los servicios y un aumento en las barreras de acceso. Este escenario es particularmente preocupante en un país donde cerca del 47% de los hogares reportaron haber tenido dificultades para acceder a servicios de salud durante 2023, según la Encuesta Nacional de Calidad de Vida (DANE, 2024).
Los pacientes con enfermedades crónicas, como diabetes, hipertensión y cáncer, serán los más afectados, ya que estos tratamientos suelen ser costosos y requieren una atención constante. Además, la falta de recursos también impactará negativamente en las campañas de prevención y promoción de la salud, que son fundamentales para reducir la carga de enfermedades en el país.
Para evitar una crisis de mayores proporciones, el Gobierno debe tomar medidas inmediatas y estructurales para garantizar la sostenibilidad del sistema de salud. Algunas de las acciones más urgentes incluyen:
- Ajustar la UPC con base en las necesidades reales del sistema: El aumento debe reflejar la inflación médica, los costos laborales y las demandas crecientes del sistema de salud. Un incremento inferior al 8% es claramente insuficiente.
- Cerrar la brecha entre regímenes contributivo y subsidiado: Esto no solo es una cuestión de justicia social, sino también una medida necesaria para garantizar la equidad y la universalidad del sistema de salud.
- Publicar los análisis técnicos: La transparencia es fundamental para generar confianza en las decisiones del Gobierno. El Ministerio de Salud debe publicar los estudios completos que respaldan el cálculo de la UPC.
- Fortalecer la supervisión y regulación del sistema: Es necesario mejorar los mecanismos de auditoría para garantizar que los recursos asignados a la salud sean utilizados de manera eficiente y eficaz.
- Aumentar la inversión en salud pública: Más allá de la UPC, el Gobierno debe priorizar la inversión en programas de salud pública, infraestructura hospitalaria y formación del talento humano en salud.
El incremento del 5,36% en la UPC para 2025 representa un retroceso para el sistema de salud colombiano. Lejos de ser una solución sostenible, esta medida pone en riesgo la estabilidad financiera de las EPS, los hospitales públicos y, lo más importante, la calidad y accesibilidad de los servicios para los pacientes. En un país donde “plata hay”, lo que falta es voluntad política para priorizar el derecho a la salud por encima de cálculos fiscales y consideraciones burocráticas. Si el Gobierno no rectifica, el sistema de salud colombiano enfrentará una crisis de magnitudes incalculables, con consecuencias devastadoras para millones de ciudadanos.
Referencias
DANE. (2024, April 24). Encuesta Nacional de Calidad de Vida 2023. https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/salud/calidad-de-vida-ecv/encuesta-nacional-de-calidad-de-vida-ecv-2023
Diario La República. (2024, December 20). De $100 que reciben todas las EPS, emplean al menos $108 para el gasto en salud. https://www.larepublica.co/especiales/prospectiva-economica-2025/de-100-que-reciben-las-eps-emplean-108-para-el-gasto-en-salud-4022518?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwY2xjawIB9qpleHRuA2FlbQIxMQABHR6pDWxpzQcAu3Czc7UsUNhhp6a2P-d8pu7UFa4Ow9U_mS_Tm4F63Hh3WA_aem_7u07JtcGsyVtrQpPOD5GfA#Echobox=1734704294-1
Granger, C., Ramos-Forero, J. E., Melo-Becerra, L. A., & Silva-Samudio, G. T. (2023). Financiamiento del Sistema de Salud en Colombia: Fuentes y usos. Borradores de Economia.
La FM Radio. (2025, January 2). Asociación de Hospitales y Clínicas pide que se evalúe la nueva cifra de UPC. https://www.lafm.com.co/colombia/asociacion-de-hospitales-y-clinicas-pide-que-se-evalue-la-nueva-cifra-de-upc
Ministerio de Salud y Protección Social. (2024a, December). Listado de precios máximos de venta de medicamentos. https://www.minsalud.gov.co/salud/MT/Paginas/listado-de-medicamentos-con-precio-controlado.aspx
Ministerio de Salud y Protección Social. (2024b, December 31). El Ministerio de Salud y Protección Social aumenta el valor de la Unidad de Pago por Capitación (UPC). https://www.minsalud.gov.co/Paginas/minsalud-aumenta-el-valor-de-la-UPC.aspx
Restrepo, J. H., & Mejía, A. (2007). Equilibrio financiero y prima del seguro de salud en Colombia (UPC), 1996-2007. Perfil de Coyuntura Económica, (9).