La situación del gas natural en Colombia ha alcanzado un punto crítico. Hoy, no solo estamos lejos de cubrir la demanda proyectada para 2025, sino que enfrentamos una crisis de abastecimiento que, de no resolverse, podría significar un retroceso profundo en términos económicos y ambientales. En 1998, Colombia vivió un escenario parecido, pero nunca había sido tan evidente el riesgo para la seguridad energética nacional.
Los factores que nos han traído a esta coyuntura crítica son tanto estructurales como coyunturales, pero todos eran evitables. La falta de ejecución en proyectos estratégicos del Plan de Abastecimiento de Gas —como la planta regasificadora del Pacífico (Unidad de Planeación Minero Energética, 2024), que permitiría importar gas natural, y que ya ha sido declarada desierta en dos ocasiones—, sumada a la ausencia de bidireccionalidad en el gasoducto Barranquilla-Ballena, restringe nuestra capacidad para movilizar el gas desde la Costa Atlántica hacia el interior del país. A finales de 2023, la situación se agravó cuando un problema en los campos de gas de Córdoba provocó la pérdida del 7,6 % de la oferta nacional, un golpe devastador en un mercado que ya experimentaba limitaciones serias (Agencia Nacional de Hidrocarburos, 2024).
Más allá de la infraestructura, el problema de fondo es la falta de una política pública clara que promueva el desarrollo y aprovechamiento de los recursos energéticos locales. La exploración y explotación de gas en Colombia está cada vez más restringida, con prohibiciones a métodos como la fracturación hidráulica, lo que obstaculiza el crecimiento de una producción nacional que permita satisfacer la demanda. Esta postura, aparentemente alineada con el compromiso de reducir emisiones y avanzar hacia una transición energética, carece de visión realista. El gas natural es una alternativa intermedia que, con la infraestructura y regulaciones adecuadas, podría sostener una transición energética ordenada y justa. Países como Estados Unidos, México, Brasil y Chile han optado por un enfoque de protección y estímulo a sus industrias locales, garantizando así tanto el abastecimiento energético como el fortalecimiento de sus economías (UNEP, 2024). En Colombia, sin embargo, esta visión ha sido opacada por políticas restrictivas que nos abocan a depender de importaciones, con precios mucho mayores a los de producción local y sin garantías de estabilidad en el suministro.
El impacto de esta escasez recae sobre todos los sectores de la economía y la sociedad. Desde los hogares que utilizan gas natural para cocinar y calentar agua —que ahora podrían enfrentar costos significativamente mayores— hasta la gran industria, que depende de contratos de suministro que, ante la escasez, podrían convertirse en contratos interrumpibles o de firmeza condicionada. Estos contratos no solo significan incertidumbre para los usuarios, sino también para la economía en general, ya que la volatilidad en los precios afectará de forma directa a los costos de producción y, en última instancia, a los consumidores.
El gas natural, por su relativa limpieza y bajo costo, ha sido identificado en el mundo como un recurso clave para la transición energética (Salvador, 2024). Sin embargo, la falta de planificación y ejecución de proyectos en Colombia está forzando una dependencia en recursos más contaminantes como el carbón, la leña y el diésel, un retroceso ambiental que no solo compromete la salud de nuestros ciudadanos y la calidad de nuestro aire, sino que además obstaculiza los avances del país hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la meta de neutralidad de carbono de la Agenda 2030 (CEPAL, 2018). Esta situación afecta especialmente a las familias de bajos ingresos, que verán cómo el alza en los precios del gas impacta de manera desproporcionada sus gastos.
Es evidente que necesitamos una política energética que permita equilibrar la creación de riqueza con la sostenibilidad ambiental, evitando la dependencia excesiva de las importaciones. Hoy, Colombia cuenta con recursos energéticos significativos y con potencial aún sin desarrollar en áreas continentales y offshore, que podrían contribuir a fortalecer nuestra independencia energética. En lugar de fomentar su desarrollo, se han establecido trabas políticas que limitan nuestra capacidad para aprovechar estos recursos de forma responsable. La reciente decisión de la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, de suspender el proyecto de exploración Komodo 1 en el Caribe colombiano, deja en evidencia esta contradicción en la política energética nacional: se bloquea el desarrollo de gas natural en el país, obligándonos a depender de costosas importaciones de otros mercados, como Estados Unidos.
La transición energética es, sin duda, necesaria, pero en Colombia debe realizarse de manera gradual y ordenada, sin ignorar la importancia de garantizar un suministro energético seguro y asequible para la población. Apostar por un cambio energético radical y sin los recursos necesarios no es una solución viable, sino un salto al vacío que podría llevarnos a una crisis social y económica. Países que hoy son líderes en energías renovables, como Alemania y Estados Unidos, han realizado su transición asegurando primero el suministro de energías menos contaminantes y promoviendo políticas de inversión y desarrollo en sus sectores industriales. Nuestro gobierno, en cambio, parece inclinarse más por una postura ideológica que por una visión pragmática y estratégica para alcanzar una transición energética justa.
La solución a esta crisis requiere un cambio de enfoque por parte del gobierno. Necesitamos inversiones en infraestructura, un compromiso firme para desarrollar proyectos de importación y regasificación de gas, y una flexibilización en la regulación para facilitar la compra y venta de gas natural disponible en el país (EPM, 2024). Esto implica también fomentar la exploración y producción local de gas, incentivando una autosuficiencia energética que garantice tanto el desarrollo económico como el bienestar de los colombianos. Los productores de gas deben poder acceder a todas las herramientas necesarias para poner sus recursos a disposición del mercado, y es urgente que se desarrolle un nuevo gasoducto que conecte la Costa Atlántica con el interior del país, eliminando así las limitaciones actuales para abastecer a las zonas de mayor demanda.
El gobierno tiene la responsabilidad de buscar un equilibrio entre los objetivos ambientales y las necesidades económicas y sociales del país. Una transición energética sostenible no se logra desmantelando la infraestructura y las capacidades que ya tenemos, sino fortaleciendo y ampliando nuestra red energética, apostando por un enfoque que valore el gas natural como una herramienta viable y de bajo impacto ambiental. Sin este equilibrio, la transición será un proceso desigual, que afectará más a las personas en situación de vulnerabilidad y pondrá en peligro nuestra economía en su conjunto.
Las decisiones de política energética no pueden estar basadas en ideologías que niegan la realidad: Colombia necesita de una industria energética sólida, con políticas que promuevan tanto la autosuficiencia como el desarrollo económico. Nuestro país tiene la oportunidad de ser pionero en una transición energética gradual y sostenible. Ignorar esta responsabilidad compromete no solo nuestro presente, sino también el bienestar de las futuras generaciones.
Referencias
Agencia Nacional de Hidrocarburos. (2024). Informe Anual de Reservas y Recursos IRR 2023. ttps://www.anh.gov.co/documents/24758/Informe_de_Reservas_y_Recursos_2023.pdf
Comisión Económica para América Latina y el Caribe CEPAL. (2018). La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible Una oportunidad para América Latina y el Caribe. https://repositorio.cepal.org/server/api/core/bitstreams/cb30a4de-7d87-4e79-8e7a-ad5279038718/content
EPM. (2024). EPM advierte que no ha logrado la totalidad de contratos de gas natural para su demanda en 2025, que el déficit del energético en el país es crítico y el sector requiere soluciones inmediatas. https://www.epm.com.co/institucional/sala-de-prensa/noticias-y-novedades/epm-contratos-gas-natural-demanda-2025-deficit-energetico-soluciones/
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente UNEP. (2024). ¿Es el gas natural el combustible de transición que el mundo necesita? https://www.unep.org/es/noticias-y-reportajes/reportajes/es-el-gas-natural-el-combustible-de-transicion-que-el-mundo
Salvador, M. Á. (2024). Transición energética en la avicultura: Un estudio sobre la implementación de Gas Natural Licuado (GNL) en lugar de Gas Licuado de Petróleo (GLP). Escuela de Administración de Negocios Para Graduados. https://hdl.handle.net/20.500.12640/4020
Unidad de Planeación Minero Energética. (2024). Estudio Técnico para la adopción del Plan de Abastecimiento de Gas Natural 2023-2038. https://www1.upme.gov.co/sipg/Publicaciones_SIPG/Estudio_tecnico_para_el_plan_de_abastecimiento_de_Gas_Natural_2023_2038.pdf
