Ana Bejarano, Gabriel Becerra y Jennifer Pedraza en la presentación del proyecto de ley anti-cepo en el Congreso. Foto: Archivo / El Espectador.
El representante Gabriel Becerra, del Pacto Histórico, y la senadora Jennifer Pedraza, de Dignidad y Compromiso, radicaron en el Congreso el proyecto de ley conocido como «anti-cepo», que busca frenar el uso de demandas y denuncias para intimidar a periodistas, líderes sociales y defensores de derechos humanos. La iniciativa fue presentada el miércoles 4 de noviembre junto con la organización El Veinte, según La Silla Vacía y El Espectador.
De acuerdo con El Espectador, el texto propone reformar el Código General del Proceso y la Ley 906 de 2004, que contiene el Código de Procedimiento Penal, para reforzar las garantías de quienes enfrentan procesos por sus declaraciones o investigaciones. Su trámite empezaría en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes. Al cierre de esta nota no se había localizado el registro oficial de la radicación ni su número en el portal del Congreso.
Qué propone el proyecto
El eje de la propuesta es la figura del «acoso litigioso», que el texto define, según El Espectador, como «toda actividad planteada ante la Rama Judicial encaminada a censurar asuntos de interés público, sin contar con el debido respaldo probatorio y/o actuando de forma temeraria, empleando el sistema judicial con fines intimidatorios o silenciadores de expresiones».
«El proyecto define el acoso litigioso y permite al juez ponerle fin con una sentencia anticipada. Si se comprueba el abuso, quien lo promovió paga las costas y una multa de 30 salarios mínimos mensuales. La Fiscalía también podrá archivar actuaciones penales que constituyan acoso», explicó Becerra, citado por ese diario.
Pedraza sostuvo que la iniciativa no restringe el acceso a la justicia. «No se limitará el derecho a acceder a la justicia, pero cuando se haga con fines de silenciamiento, los jueces tendrán mejores elementos para determinar», dijo, según La Silla Vacía. En el acto de radicación, agregó que con la norma se pondría «tope a los poderosos que usan bufetes de abogados, no para ganar, sino para intimidar, desgastar y silenciar», de acuerdo con El Espectador.
La propuesta se inspira en las leyes anti-SLAPP, siglas en inglés de demandas estratégicas contra la participación pública, vigentes en Canadá, Estados Unidos, Australia y la Unión Europea. La abogada Ana Bejarano, de El Veinte y columnista de El Espectador, ha dicho que la herramienta serviría en especial a periodistas regionales, comunitarios y sin respaldo económico, así como a defensoras y a mujeres que denuncian violencia.
Un tercer intento en el Congreso
No es la primera vez que el tema llega al Legislativo. En 2021, el entonces senador Rodrigo Lara, de Cambio Radical, impulsó una iniciativa similar y convocó una audiencia pública, recordó La Silla Vacía. Ese medio señaló que uno de los casos expuestos entonces como ejemplo fue el del abogado Abelardo de la Espriella, hoy presidente, y que Lara fue después su ministro del Interior hasta su salida tras el tropiezo del Gobierno con el presupuesto.
El texto ya se había presentado este año, en la legislatura anterior —la radicación se divulgó a comienzos de marzo—, con Pedraza y Bejarano como promotoras, pero no alcanzó a surtir su trámite en comisiones y plenarias, según El Espectador.
El debate llega en medio de tensiones entre el Gobierno y la prensa. Según una revisión de La Silla Vacía, De la Espriella ha interpuesto 22 denuncias penales contra periodistas, columnistas y activistas; ese medio indicó que su abogado y su bufete no respondieron sus preguntas. La Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) ha documentado 14 agresiones en lo que va del año, según la misma publicación. Hasta ahora no se conoce una postura oficial del Gobierno sobre el proyecto.
