La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, aseguró que no se lograron acuerdos tras la reunión entre los mandatarios departamentales y el Gobierno nacional para discutir los decretos de emergencia relacionados con las rentas de licores y cigarrillos.
Al término del encuentro con el ministro de Hacienda, Germán Ávila, la mandataria señaló que persiste la falta de consenso frente al manejo de los recursos que, según explicó, están constitucionalmente destinados a financiar derechos fundamentales como la salud, la educación y el deporte en las regiones.
Toro afirmó que el principal punto de desacuerdo es el financiamiento del régimen subsidiado de salud. Indicó que, en el Valle del Cauca, el 49 % de las rentas provenientes de la licorera y el 100 % del impuesto al cigarrillo se destinan a cubrir esta obligación. Advirtió que, de no girarse estos recursos al ADRES, se afectaría el pago a las EPS y el acceso a los servicios de salud de la población más vulnerable.
La gobernadora también alertó sobre el impacto fiscal de las medidas. Según expuso, en su departamento la afectación por el impuesto al cigarrillo alcanzaría los 120.000 millones de pesos. Añadió que el contrabando ya representa cerca del 40 % del mercado de cigarrillos en el Valle del Cauca y que un mayor gravamen podría incentivar aún más el comercio ilegal y afectar la industria regional de licores.
Frente a la posibilidad de que los departamentos se nieguen a aplicar el decreto, Toro aclaró que se optará por la vía jurídica. Anunció que la Federación Nacional de Departamentos presentará una solicitud ante la Corte Constitucional para pedir la suspensión provisional de los efectos del decreto en lo relacionado con licores y cigarrillos.
