
La vía Bogotá–Villavicencio volvió a ocupar un lugar central en la agenda regional por los riesgos que enfrenta uno de los corredores estratégicos para la movilidad y la economía de la Orinoquía. Durante el Encuentro Regional de la Patria Milagro, la gobernadora del Meta, Rafaela Cortés Zambrano, advirtió que, según las cifras expuestas en la reunión, el corredor presenta 200 puntos críticos, 60 de ellos catalogados como de alto riesgo.
La mandataria pidió al Gobierno Nacional revisar alternativas para mejorar la transitabilidad y atender los sectores que amenazan la conexión entre el centro del país y los departamentos de la Orinoquía.
“Quisiera hacer un llamado al Gobierno Nacional. Aquí se ha hablado muchísimo de esta vía porque es una vía nacional (…) me dan la posibilidad de sentarnos a ver qué opciones tenemos, por supuesto, para tener una mejor transitabilidad con una vía tan importante para esta región”, manifestó Cortés.
La vía cuenta, según lo expuesto por la gobernadora, con 143 puentes y viaductos y 28 túneles. Su estado y la atención de los puntos críticos son asuntos de relevancia regional por el impacto que tienen sobre el transporte de pasajeros, la movilización de mercancías y el abastecimiento de los departamentos conectados por este corredor.
Agua potable y capacidad hospitalaria
La agenda presentada por el Meta también incluyó la búsqueda de una solución estructural al abastecimiento de agua potable de Villavicencio. Cortés destacó el trabajo adelantado con la Alcaldía y la Financiera de Desarrollo Nacional para estructurar una alternativa que responda a las necesidades de la ciudad y de su población.
En salud, la gobernadora señaló que el Hospital Departamental de Villavicencio atiende alrededor de 300.000 personas al año y funciona como centro de referencia de alta complejidad para siete departamentos. Según su balance, la nueva torre hospitalaria supera el 80 % de avance y el proyecto contempla una segunda torre destinada a hospitalización.
Propuesta de aeropuerto internacional
La conectividad aérea también hizo parte de las iniciativas presentadas. De acuerdo con la información divulgada durante el encuentro, se aprobaron $3.500 millones para avanzar en la prefactibilidad de un aeropuerto internacional de pasajeros y carga.
Este recurso corresponde a la etapa de estudios preliminares: no significa que la construcción del aeropuerto esté aprobada ni que las obras tengan financiación garantizada.
La agenda de la Orinoquía ante el Gobierno Nacional
Las mesas de trabajo abordaron propuestas en gestión del riesgo, seguridad y justicia, salud, agua, vivienda, desarrollo agroindustrial, conectividad regional, educación y fortalecimiento institucional. También se plantearon iniciativas dirigidas a pueblos indígenas y comunidades étnicas, con énfasis en inversión social, protección de liderazgos y proyectos productivos.
Entre las prioridades para la infraestructura vial figuran medidas de estabilización, control de erosión y monitoreo geotécnico en los puntos críticos del corredor Bogotá–Orinoquía, así como el fortalecimiento de la capacidad de respuesta ante emergencias.
En materia económica, la agenda busca impulsar la transformación agroindustrial, facilitar el acceso a financiación y mejorar las condiciones para atraer inversiones y generar empleo. En educación, se propuso fortalecer la atención rural, el transporte y la alimentación escolar, la conectividad y la financiación de la educación superior pública.
Las propuestas serán sistematizadas y sometidas a revisión técnica como parte del proceso de formulación del nuevo Plan Nacional de Desarrollo. Su presentación no significa que hayan sido incorporadas definitivamente ni que cuenten con recursos garantizados.
“La Orinoquía no vino a pedir. Vino a proponer”, afirmó la gobernadora, quien insistió en la necesidad de articular a los gobiernos nacional, departamentales y municipales con el sector privado, la academia y las comunidades.
El reto será que las prioridades presentadas se traduzcan en proyectos viables, decisiones presupuestales y acciones concretas para mejorar la movilidad, el acceso a servicios esenciales y la competitividad de la región.





